Breves Reflexiones sobre la Municipalidad y su autonomia.

bibioteca

Autor: Manuel Yáñez.

05 de octubre de 2011


 

La Municipalidad

El origen del Municipio como institución del Estado se remonta al cabildo, institución medieval y regulada por primera vez en el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 en su artículo 12, asimismo en el Titulo IV, Capítulo VI de la Constitución Provisoria de 1818, donde ya en el artículo primero se denota un atisbo de lo que será en nuestros días la garantía institucional de los derechos fundamentales:“El Principio de Autonomía Municipal”. Pero será en la Constitución de 1823 donde esta institución recibe su denominación actual, en su Título XIX que se encabeza bajo el enunciado “De las Municipalidades”, lamentablemente su tratamiento en esta constitución les resta autonomía y las hace depender de otras instituciones.

Actualmente nuestra Constitución regula las municipalidades en su Capítulo XIV en el título “Administración Comunal” desde el artículo 118 al 122, además entrega el detalle de su regulación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El artículo 118 inciso 4° define “Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.”

La municipalidad se constituye por el Alcalde y el Concejo. Siendo la máxima autoridad municipal el Alcalde.

El artículo 118 inciso 4° y el artículo 122° de la Constitución, contempla un atributo especial de las municipalidades la “autonomía”, que según ha descrito el tribunal constitucional Español y reseñado por Francisco Tomás y Valiente[1]“Autonomía no es soberanía”. La trascendencia de esta concepción recién explicitada radica que tal como se enmarca en la parte dogmática de nuestra Constitución (Capítulos I y III) el ámbito de atribuciones y ejercicio de la administración comunal en ningún caso es un poder político que atente contra la forma jurídica de Estado unitario que establece el código político en su artículo 3°.

Al respecto es atingente precisar que en el caso de las municipalidades existe una descentralización administrativa siendo territorial y funcional, no correspondiéndose con los fenómenos de descentralización política (caso de España e Italia) o la desconcentración.

La Autonomía municipal se erige como una garantía institucional de los derechos fundamentales y del mismo orden constitucional, así lo señala la abundante doctrina española, al respecto el Tribunal Constitucional Español en sentencia de 2 de febrero de 1981 en el fundamento jurídico 1.b señala “la autonomía es un concepto jurídico indeterminado que ofrece un margen de apreciación muy amplio (y aclara) la autonomía no es soberanía, sino que es limitado por el principio de unidad, dentro del cual alcanza precisamente su sentido, circunscribiéndolo a la gestión de sus respectivos intereses.”

Siendo entonces la autonomía municipal una garantía constitucional institucional de carácter limitado, tenemos que entender que en primer lugar y siguiendo la Constitución, estos límites se circunscriben a:

  1. A los establecidos  en los artículos 6° y 7° de la Carta fundamental, entendida la juridicidad del Estado y sus órganos, permitiendo el control de legalidad y constitucionalidad de las normas emanadas de la municipalidad por parte de la Contraloría General de la República.
  1. Los planes nacionales y regionales de desarrollos en conformidad a los señalado en el artículos 3° y 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, limitación muy importante en el ámbito de la administración financiera.
  1. Los principios de eficacia, coordinación y responsabilidad establecidos en los artículos 3 y 4° de la ley N° 18.575.[2]
  1. Observar los negocios de su interés, a saber “la satisfacción de las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”.

En fin la municipalidad se erige para satisfacer las necesidades de la comunidad y asegurar su participación democrática en el desarrollo de la misma. Siendo un elemento institucional esencial en el Orden Constitucional Chileno.

Referencias:

[1] Tomás y Valiente, F. (1993). Escritos sobre y desde el Tribunal Constitucional. Madrid:Centro de estudios constitucionales.

[2] Al respecto Iris Vargas Delgado sostiene que en virtud de los principios de coordinación y unidad de acción, la Contraloría General de la República fiscaliza las municipalidades, según la facultad que le confiere el artículo 16° de la ley 10.336.
Vargas Delgado, I. (1998). La administración comunal en la Constitución Política de la República y sus reformas Constitucionales. Revista Chilena de Derecho, (Número especial), 301-309.

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