BOMBAS EN CHILE.

Desde el año 2005 en adelante se han producido una gran cantidad de atentados explosivos en Chile, que de acuerdo a diversos medios de prensa equivalen aproximadamente 198 ataques, los que han ocurrido en cajeros automáticos, bancos, gimnasios, embajadas, restaurantes, estaciones del metro, incluso frente a una iglesia y una guardería, de los que afortunadamente hasta el momento han resultado solo dos muertos, tres heridos graves y 11 heridos leves, toda vida humana es muy valiosa y la expresión afortunadamente se refiere a que estos podrían haber sido muchísimos más, ya que las características de los ataques perfectamente podrían haber generado una cifra muy superior de víctimas fatales y heridos.

Hechos que para cualquier persona, por lo menos causan una gran preocupación e intranquilidad y para más de alguno temor, pero cuáles de ellos se realizan con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.

Lo señalado en el párrafo anterior se refiere solo a los atentados generados por grupos anárquicos anti sistema dentro de los cuales se encuentra el denominado “caso bombas”, no se considera situaciones ocurridas en el sur de chile referentes a reivindicaciones de comunidades mapuches, que ameritan un análisis posterior independiente y diferenciado.

Tras casi 200 atentados explosivos y solo 2 condenados, cabe preguntarse qué se debe aplicar: Ley 18.314. Que determina conductas terroristas y fijas su penalidad o el Código Penal.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Que se considera un hecho terrorista.

A nivel internacional ha sido muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto a que es específicamente una conducta terrorista, para las Naciones Unidas ha resultado imposible definirlo, por cuanto las que se han planteado han sido rechazadas siempre por algunos de sus integrantes, entre ellos Estados Unidos de Norteamérica, ya que se ven atrapados en definiciones que comprometen actuaciones realizadas -o por realizar- por sus propios agentes del estado dentro de su territorio y fuera de él, actuaciones que se ven claramente identificadas en dichas definiciones de terrorismo, por lo que la ONU no ha podido definir aun el significado preciso de dicho término.

En nuestra legislación la Constitución Política de la Republica señala:

Artículo 9° “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”.

“Una Ley de Quorum calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad”. Y a continuación señala inhabilidades que afectaran a los responsables de dichos delitos.

“Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo”.

La Ley 18.314 define el terrorismo en los siguientes términos: Artículo 1° “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2°, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea por que se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias”.

“La presente Ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por personas menores de 18 años”.

“La exclusión contenida en el inciso anterior no será aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices o encubridores del mismo hecho punible. En dicho caso la determinación de la pena se realizará en relación al delito cometido de conformidad a esta Ley”.

Artículo 2°: “Constituirán delitos terroristas, cuando cumplieren lo dispuesto en el artículo anterior:

1.- Los de homicidio sancionados en el artículo 391; los de lesiones establecidos en los artículos 395, 396, 397 y 398; los de secuestro y de sustracción de menores castigados en los artículos 141 y 142; los de envío de cartas o encomiendas explosivas del artículo 403 bis; los de incendio y estragos, descritos en los artículos 474, 475, 476 y 480, y las infracciones contra la salud pública de los artículos 313 d), 315 y 316, todos del Código Penal. Asimismo, el de descarrilamiento contemplado en los artículos 105, 106, 107, y 108 de la Ley General de Ferrocarriles.

2.- Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de trasporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes.

3.- El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas, en razón de sus cargos.

4.- Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.

5.- La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1°”.

Respecto del hecho de aplicar el Código Penal o La Ley antiterrorista implica que en el segundo caso se multiplican por dos  y a veces por tres la cantidad de años que los condenados van a estar en la cárcel, por otra parte la misma ley transforma una tentativa de delito y lo castiga como si fuera consumado y por último facilita el uso de testigos sin rostro, que difícilmente se pueden cuestionar en cuanto a credibilidad ya que se desconoce su identidad.

 DIFICULTADES DE LA LEY 18.314:

 La Ley 18.314 que  Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad, fue promulgada con fecha 16 de Mayo de 1984, Cuerpo legal que  de acuerdo a la opinión de expertos se trata de una norma dictada en un periodo histórico completamente diferente a la realidad actual, post-guerra fría, en el que se aplicaba la doctrina de la seguridad nacional, no solo en chile sino que a nivel internacional,

Dentro de los problemas que presenta dicho cuerpo legal se encuentra la dificultad de demostrar  la intencionalidad de causar temor en la población –temor justificado conforme a lo que se señala en la ley- lo que de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia debe tratarse de una finalidad terrorista más allá de cualquier duda razonable, aun cuando la normativa internacional pone el acento no solo en la finalidad de causar temor como establece nuestra ley, sino no que además en la finalidad política ya que se trata de un atentado a la democracia.

Manuel Cancio, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Derecho Penal Comparado latinoamericano y europeo, quién fue Perito ante la “Corte Interamericana de Derechos Humanos”, responde el siguiente cuestionamiento ¿Mucho se habla sobre si la Ley Antiterrorista Chilena es poco consistente?:

“En 2010 y 2011 se eliminó los elementos más preocupantes desde el punto de vista de lo que es constitucional. Por lo demás, yo diría que merecería un lavado de cara, una modernización, pero tengo la impresión de que los problemas que ha habido –se refiere al caso bombas- no están relacionados con la ley, que incorpora los elementos esenciales”.

¿Qué cambios le incorporaría?:

“Definir mejor cuales son las características de la organización, la llamada asociación ilícita. También creo  que sería mejor incorporar alguna mención a la orientación política de los hechos terroristas”, recomendando sobre todo no hacer reformas de forma precipitada, como reforma a hechos puntuales. “La legislación no puede responder a que una persona ponga una bomba. Para el individuo que ha puesto la bomba, la ley chilena es suficiente. La reforma debe hacerse con prudencia y de una manera no precipitada”.

INVOCAR O NO LA LEY ANTITERRORISTA:

 Para el gobierno que sea, resulta complicado invocar la Ley Antiterrorista, cuando la moneda está siendo ocupada por un sector político determinado y éste la aplica se trata de una exageración totalmente desproporcionada y serían secuelas de un gobierno de facto y cuando le corresponde a quién se encuentra en la vereda opuesta, al aplicarla se deja de ser pro derechos humanos, ya que se trata de una ley promulgada durante un periodo histórico que aún abre grandes heridas, y con ello se estaría replicando una práctica que para algunos es anti derechos humanos.

Y para finalizar una interrogante que causa problemas a ambos sectores:

¿Se es inconsistente al aplicar la Ley Antiterrorista y luego manifestar que en chile no hay terrorismo?

El sitio web oficial del Departamento de Estado Norteamericano el 14 de Julio de 2014, advirtió a sus ciudadanos que tuviesen contemplado viajar a Chile acerca de la detonación de artefactos explosivos ocurridos en el último tiempo, principalmente en Santiago, acción a la que se sumó posteriormente la Cancillería de Canadá, luego la de Australia, Gran Bretaña, Bélgica etc.

Los sitios Oficiales de Gran Bretaña y Bélgica son los únicos que destacan que en Chile existen actos de terrorismo, el portal británico titula la información de seguridad sobre Chile con terrorismo y señala que “Hay actos ocasionales de terrorismo doméstico por parte de grupos anarquistas, sobre todo en Santiago, incluyendo el uso de pequeños artefactos explosivos”.

En el caso de Bélgica, se detalla que “el riesgo de terrorismo en Chile es pequeño, pero teniendo en cuenta el peligro universal de ataques terroristas, es importante tener cuidado en lugares con mucho público (restaurantes, centros comerciales, transporte público, centros turísticos etc.)

ERRORES DEL CASO BOMBAS:

El Juez de Garantía Luis Avilés (quién estuvo a cargo del caso bombas y quién recibió una amonestación privada con registro y anotación en su hoja de vida como medida disciplinaria aplicada por el Pleno de la Corte Suprema, por no acatar una orden de la Corte de Apelaciones de Santiago en el debate sobre las pruebas a presentar por el caso en cuestión) Juez que descarto el 60 % de la prueba y la declaró impertinente, resolución inapelable que dio origen a un proyecto de ley en que trabajó una comisión de expertos en Derecho Penal, para modificar lo anterior y que a futuro si pudieran ser apelables.

El Ministro del Interior de la época Andrés Chadwick declaró: “Un Juez de Garantía tiene una doble misión, que es ser extremadamente celoso y exigente para que jamás se condene a un inocente, pero de igual forma lo debe ser para que nunca se declare inocente a un culpable”.

“Yo acepto que puede haber habido, sin duda, errores que se han señalado, errores en un determinado material de prueba, en términos de la acción del Ministerio Público”.

“No soy tan categórico como para señalar que se hizo un mal trabajo”, pero enfatizo en que “El trabajo del Juez no fue todo lo eficiente que se esperaba”.

 El Jurista Español Manuel Cancio, ya citado, respecto del caso bombas en 2014 declaró: “no esperaron hasta obtener el suficiente material para obtener una condena. Creo que estaban ansiosos por presentar un súper caso y luego resulta que lo que tenían era camisetas con la imagen del Che Guevara”

“Los investigadores no fueron prudentes con el momento de salir a la luz”

“La ley no tiene nada que ver con posibles deficiencias en la investigación, es la propia investigación la que falla”.

Cabe hacer presente que dos de los absueltos por el caso bombas Francisco Solar Domínguez y su pareja Mónica Caballero quienes fueron absueltos de todos los cargos dentro de los que se encontraba el de colocación de bomba y financiamiento del terrorismo entre otros, fueron arrestados en 2013 como presuntos autores de la colocación de un artefacto explosivo que estalló en la basílica de la merced de Zaragoza, quienes de acuerdo a la información entregada por el Gobierno Español “formaban parte de un comando anarquista muy bien organizado y extremadamente peligroso y con fuertes conexiones internacionales”.

El titular de Interior Español en esa oportunidad agrego: “Son muy conocidos por su historial delictivo en Chile y tienen relación con el caso bombas”.

Sin embargo ambos fueron absueltos junto a otras 4 personas, cuando la Corte Suprema cerró definitivamente el caso en Octubre de 2012, después de 7 años de investigación, en lo que fue considerado el “El mayor fracaso en una indagación del Ministerio Público”.

NUEVA LEY ANTI TERRORISMO:

Con fecha 03 de Noviembre de 2014, el Ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo, acompañado del Ministro de justicia, José Antonio Gómez entregaron a los representantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, el proyecto de la nueva ley anti terrorista elaborada por el ejecutivo.

Al término de la actividad, el titular de Interior destacó que: “hemos entregado el proyecto de ley que crea para el país una nueva Ley Antiterrorista, que modifica la legislación actual, una ley que va en la línea que sea eficaz, que persiga los actos terroristas, que persiga a los terroristas, pero más importante, que los sancione, y al mismo tiempo, que cumpla con los estándares internacionales”.

El jefe de gabinete explicó algunos de los principales lineamientos que contiene este proyecto, los que se traducen en que “se hace cargo del terrorismo tal como está concebido hoy en el mundo, al mismo tiempo, permite objetivamente a los jueces aplicar las sanciones que corresponden, considerar efectivamente lo que es el terrorista individual. Por otro lado, tener técnicas para la investigación equivalentes a las de la Ley 20.000 de drogas (que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas) y, por lo tanto, con muchas más atribuciones para los fiscales y con el resguardo del juez de garantía”.

El ministro Peñailillo agregó que “esta no es una ley que esté pensada para un territorio en especial, está pensada para todo el país y bajo un fenómeno que, lamentablemente, no sólo se produce en Chile, sino que también en otros países. Así que donde haya un acto terrorista, o donde esté presente un terrorista, esta legislación va a estar presente”.

Yohana Cornejo García.

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