Ataque Marítimo Israelí

Autor: Eric Juica

13 de Junio de 2012


Ad portas de cumplirse dos años de este verdadero acto de terrorismo de Estado, re-publico lo que escribí en aquella ocasión.

Desde el asentamiento del pueblo Israelí, posterior a la Segunda Guerra Mundial (nacimiento del conflicto palestino-israelí), en donde se han vulnerado toda clase de normas internacionales, no pretendo referirme a lo ocurrido en aquel entonces, sólo es conveniente que quede patente la arbitrariedad e ilegalidad de la conformación del estado Israelí.

Los acontecimientos suscitados a causa de la ayuda vía marítima de carácter humanitario que se le brindaría al pueblo palestino, asentado en la franja de gaza y truncado estrepitosamente (de forma sanguinaria) por parte del estado israelí, ha concentrado toda la atención internacional, y sobretodo, es un fértil terreno para analizar de un punto de vista jurídico lo sucedido.

La Convención de Derechos del Mar (1982, ONU) establece que la soberanía de un país es hasta 12 millas náuticas, por lo que zarpando desde territorio de la Unión Europea, específicamente desde Chipre, el trayecto seria soberanía de Chipre, aguas internacionales y aguas de franja de Gaza; en ningún momento violando territorio soberano de Israel. A pesar de la represión existente por parte del estado Israelí, desde 2005 a través de la “desconexión” de las colonias en Gaza que Israel no está oficialmente ocupando ese territorio, por lo que su penetración en estas aguas es completamente ilegal. “Todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometidos contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado constituye piratería” (articulo 101 de la Convención ya citada), por lo que es viable afirmar que Israel, ahora, se ha constituido en un estado que practica la piratería como parte de sus políticas internacionales.

El gran error israelí es la declaración de su ministerio de exterior: “(…) que tiene derecho a imponer a un bloqueo marítimo ya que se encuentra en “estado de conflicto armado con el régimen de Hamas que controla Gaza” (…)”.

Al respecto, podemos hacer ciertas precisiones: El régimen es una forma de gobierno; el grupo aludido es el brazo armado de un determinado partido político frente al cual no se puede imponer un bloqueo, mucho menos si no es legitimado por la soberanía de una nación, además, jamás se puede equiparar a una nación con un régimen, por lo cual, según el Derecho Internacional, se incurrió en el delito de “castigo colectivo contra la población civil”, lo que es un crimen de guerra (Convención de Ginebra). Conclusión: Israel practica como parte de sus políticas exteriores una muy peculiar, que antaño alego como víctima en representación de su pueblo: crímenes de guerra.

El juez Goldstone, enviado de Naciones Unidas a investigar los crímenes de guerra cometidos por Israel, específicamente en una masacre en contra del pueblo palestino denominada “plomo fundido”, en su informe precisa que el bloqueo ejercido por Israel es un crimen de guerra, ya que priva a sus habitantes de ejercer labores mercantiles normales, acceso a la salud y, en definitiva, al principio de autodeterminación de los pueblos al impedir, entre otros, el libre acceso y salidas desde su territorio soberano. Recomendó este informe que, si en el plazo de seis meses no se concretaban avances al respecto, se debía acudir al tribunal internacional penal por crímenes de guerra y, en definitiva, contra la humanidad. En marzo de 2010 una resolución del parlamento europeo insta a “exigir públicamente la puesta en práctica de las recomendaciones del informe Goldstone en lo que respecta a las violaciones del Derecho Internacional”. En el mismo mes, en una visita a la zona, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, declaró que la gente vive en condiciones “inaceptables e insostenibles”.

Por último, Amnistía Internacional desde 2007 en una suerte de ayuda a Israel viene denunciando que, como potencia ocupante (expresión amparada por el Derecho Internacional), tiene la obligación de garantizar el bienestar de la población; de no ser así, incurre en “castigo colectivo en contra de la población”, un crimen de guerra.

Los barcos de ayuda humanitaria, en los cuales murieron nueve pacifistas, zarpaban de democracias consolidadas, como por ejemplo Grecia, además de estar bajo el amparo de la Unión Europea; entonces es imposible, e incluso ridículo, pensar en la posibilidad de tráfico de armas dentro de éstos, pensando en los rigurosos exámenes portuarios por los que se rige toda embarcación con destino al extranjero. Otra vez los argumentos Israelíes caen.

Durante los últimos días varios países han llamado a informar a sus embajadores, además del repudio público de varias naciones como Francia y Alemania. En el caso de Chile se discutió la opción de llamar a informar al embajador, pero al no existir aun delegado se barajan otro tipo de acciones.

Israel se ha ganado el repudio internacional al actuar violando toda normativa internacional; normativas creadas justamente para la sana convivencia de las naciones en pro de la paz, por lo que podríamos afirmar que Israel no es un estado que ame la paz.

Alegar legítima defensa es totalmente estúpido. Desde la legítima defensa ejercida por particulares es básico el principio de la proporcionalidad; proporcionalidad que entre estados debe ser aun más rigurosa debido a la magnitud de sus poderíos; proporcionalidad inexistente entre el ejército de una nación y un grupo de barquitos armados sólo con la convicción de que aquello que realizaban traería un poquito de esperanza y humanidad en el grisáceo mundo en el que vivimos.

Es de esperar que todos los involucrados en calidad de autores mediatos (altas autoridades Israelíes) sean llevados ante la Corte Penal Internacional de justicia y debidamente castigados.

“Lo que Hitler a los Judíos, los Sionistas a los Palestinos”.


* Espero sepan disculpar el desprolijo y a veces agresivo lenguaje de, en ese entonces, un imberbe estudiante de tercer año de Derecho.

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