Arresto por compensación económica: Legislación interna v/s tratados internacionales

        Existe,hasta la actualidad, una profunda discusión doctrinaria en torno a ciertos puntos relativos a la compensación económica. Antes de abordar el tema en profundidad, y a modo de introducción, es necesario señalar que la compensación económica constituye una figura legal relativamente moderna en Chile, que nace con la Ley N° 19947 de matrimonio civil del 17 de mayo de 2004, la cual, junto con crear el divorcio con disolución del vínculo, da lugar a este derecho reconocido al cónyuge que durante  el matrimonio no trabajó remuneradamente o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería a consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, tal como lo señala el artículo 61 de la ley citada. Cabe hacer notar que la figura en análisis está regulada en el capítulo VII párrafo 1° de la Ley de matrimonio civil, el cual se titula “De las reglas comunes a ciertos casos de separación, nulidad y divorcio”, entre los artículos 61 a 66 inclusive, sin embargo, solo tiene procedencia en caso de divorcio y nulidad, lo cual ha sido criticado por la doctrina debido a que podría ser causal de motivación a los cónyuges a optar por el término del vínculo matrimonial, pero por otro lado, si se aceptara su procedencia respecto de la separación, en caso de reanudación del vínculo podrían presentarse dificultades como la posibilidad o no de renovarse la acción para solicitar compensación económica en caso de un nuevo rompimiento de la convivencia, situación que de ser posible, podría ocasionar un grave detrimento patrimonial al cónyuge demandado.

        Ha existido gran controversia en torno a la naturaleza jurídica de la compensación económica, así como también en torno a las formas de pago de ésta y a la procedencia de apremios en caso del no cumplimiento del pago de ésta.

       En cuanto al primer punto, la doctrina ha agrupado la discusión en torno a cuatro posibilidades, pudiendo tener la compensación económica naturaleza de alimentos, indemnizatoria, enriquecimiento sin causa o sui generis. En un comienzo, y teniendo en consideración la historia de la ley de matrimonio civil,  se buscaba otorgarle el carácter de pensión de alimentos con duración temporal limitada, hipótesis que podría encontrar fundamento legal en el artículo
66 inciso 2°. Ésta teoría, teniendo en vista adicionalmente al señalado, el artículo 3 que reconoce el principio de protección al cónyuge más débil y al artículo 60 que hace alusión al término de los derechos y obligaciones patrimoniales entre cónyuge como efecto de la declaración de divorcio, dejan entrever la finalidad asistencial de la compensación económica, que busca en definitiva, permitir al cónyuge más débil contar con las condiciones necesarias para iniciar una nueva vida luego del término del vínculo matrimonial, tal como lo señala la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en su fallo del año 2006, en causa Rol N° 1161-2005, expresando que “en la hipótesis descrita y relativa a este caso, la compensación económica jugaría una función asistencial, cercana a una pensión alimenticia reducida en tiempo y entidad, debiendo el juez particularmente tener en cuenta la edad, salud de los cónyuges y la situación patrimonial y previsional de cada uno, considerando que el cónyuge que entregó su dedicación al hogar y a los hijos ya no podrá insertarse laboralmente o le será muy difícil hacerlo”.

Posteriormente, nace la hipótesis del carácter de indemnización de perjuicios que poseería la compensación económica,  teoría propuesta en base al artículo 61 que señala los presupuestos de procedencia de la figura jurídica en cuestión, los cuales se traducen en la existencia de un daño o menoscabo sufrido por uno de los cónyuges.

Pasando a una tercera posición, gran parte de la doctrina plantea que la naturaleza de la compensación económica se encuadra en una obligación legal con contenido patrimonial y basado en la equidad, que pesa sobre el cónyuge que durante el matrimonio pudo desarrollarse laboralmente con plena libertad. En fin, para zanjar el tema, se ha propuesto también el carácter sui géneris de la compensación económica, siendo una figura cuya naturaleza jurídica encuentra lugar en base a las tres hipótesis analizadas previamente.

Es indiscutible la importancia tanto teórica como práctica que va envuelta en la determinación de la naturaleza jurídica de la compensación económica, principalmente en cuanto a la procedencia de apremios respecto de su cobro, que solo tendría lugar en caso de considerarla con carácter alimenticio, y siempre que se pactare su pago en
cuotas, tal como lo señala el artículo 66 de la ley de matrimonio civil. Encontramos jurisprudencia negando su naturaleza alimenticia, en ese sentido:  Corte de Apelaciones de Rancagua, en sentencia de fecha 16 de mayo de 2006, causa Rol N° 1603-2005, señala que “hay que dejar asentado desde luego que ella no tiene el carácter alimenticio que pretende la actora”. En el mismo orden, la Corte de Apelaciones de Valdivia sostuvo en el considerando decimonoveno de la sentencia de fecha 8 de agosto de 2006, causa Rol N° 233-2006, que “la compensación económica consagrada en el artículo 61 de la Ley 19.947, no tiene la calidad de una pensión de alimentos que se debería al cónyuge de por vida”. La misma conclusión sostiene la Corte de Apelaciones de Concepción al afirmar en la sentencia de 20 de mayo de 2008, en la causa Rol N° 2499-2007, estableciendo que “para la fijación de la compensación se pueden utilizar todas las alternativas posibles para su cumplimiento, pero en ningún caso, ella se puede transformar en una especie de pensión alimenticia”.

Pasando a la segunda materia relativa a la forma de pago de la compensación económica, es clara la ley de matrimonio civil en sus artículos 63 y siguientes, en señalar que su procedencia al igual que su monto, en un primer momento podrán ser convenidas por los cónyuges, y en su defecto, a falta de acuerdo, será el juez quien determinará su procedencia y forma, pudiendo esta consistir en la entrega de dinero u otros bienes y pagadera en una o más cuotas reajustables, caso último en que el juez fijará seguridades de pago. Si no fuere posible, debido a la situación patrimonial del cónyuge deudor, la aplicación de las modalidades señaladas, puede el juez dividir el pago en el número de cuotas que sean necesarias, expresadas en una unidad reajustable las cuales se considerarán alimentos para efectos de su cumplimiento como señala expresamente el artículo 66, salvo que se ofrecieran garantías de pago y éstas constaren en la sentencia. Se distinguen así, dos modalidades de pago; la primera conforme al artículo 65, que hace alusión a la constitución de “seguridades de pago”, hace necesario determinar el significado del ultimo concepto señalado, pudiendo ser tomado en sentido amplio como la rendición de cauciones y otras medidas que den certeza al acreedor del pago, tales como la retención de remuneración por el empleador, o en sentido estricto aludiendo solo a la rendición de cauciones por parte del deudor, siendo la concepción amplia la mayormente aceptada por la doctrina y jurisprudencia. La segunda modalidad es aquella prevista en el artículo 66, cuyo pago se establece en las cuotas necesarias considerando la situación patrimonial del cónyuge, por lo cual su aplicación es de carácter excepcional. Así las cosas, y a opinión personal, podría afirmar que solo en el caso de la segunda modalidad, estaríamos ante compensación económica considerada como alimentos, y consecuentemente, procedería solo en este caso la aplicación de apremios para obtener su cumplimiento.

Llegando al último punto, existe variada jurisprudencia que reconoce la procedencia de arresto como apremio para
obtener el cumplimiento del pago de la compensación económica, conociendo de la materia en virtud de la interposición de recursos de amparo principalmente, como también de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de artículo 66 de la ley 19947 que tal como analizamos, reconoce la calidad de alimentos a la compensación económica cuyo pago se ha fijado en cuotas establecidas en consideración a la situación patrimonial del deudor y del artículo 14 de la ley 14908 que establece el arresto como medida de apremio por no pago de pensión alimenticia, alegando que la aplicación de dichos artículos vulnerarían el artículo 7 número 7 del Pacto de San José de Costa Rica, “Convención Americana de derechos humanos” el cual establece la prohibición de la procedencia de prisión por deudas salvo por mandato de la autoridad judicial en cumplimiento de deberes alimentarios, en concordancia con el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República, que reconoce el deber de respetar los derechos esenciales reconocidos en Tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y el articulo 19 n° 7 que garantiza la libertad personal. Por su parte, existe jurisprudencia que acoge la procedencia de arresto en este caso, en base al tenor literal expreso del artículo 66 inciso 2°, reconociéndole así a la compensación económica naturaleza alimenticia.

Queda en definitiva abierta la discusión al criterio del Tribunal, siempre considerando, por otro lado, que el  arresto no cuenta con gran eficacia como medio para obtener el pago, como podemos deducir de la gran cantidad de apremios infructuosos que tienen lugar en la práctica, pero si puede valorarse como medida para incentivar a éste.

 

 

 

 

4 Comentarios
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