ARCHIVOS IMPROVISADOS

Colapso en fiscalías.

Nuestra constitución Política de la República instituye el capítulo VII llamado Ministerio Público el cual en su artículo 83 establece en su inciso primero “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá de forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales”.

Podemos contemplar, entonces, que tratándose de un Único organismo responsable de la citada investigación por lo que lo más normal es que exista dedicación y por lo tanto una demora razonable pertinente a todo servicio u organismo seriamente competente; pero ¿Qué sucede si esa demora se transforma en un colapso? Esto es lo que sucede con las demandas del ministerio público con un notable colapso en las fiscalías donde existe una especie de archivos “improvisados” ya que cualquier espacio de los edificios se utiliza como bodega de almacenamiento de las causas archivadas lo que hace más vulnerable la seguridad que cada causa merece ya sea pudiendo extraviarse o deteriorarse por las condiciones climáticas a las que se encuentran expuestas; a esto sumarle que la mayor y compleja realidad a lo largo del país se suscita tanto en cantidad como en calidad ello porque el sistema original fue diseñado para que cada fiscal atendiera un promedio de 1.200 causas al año y hoy ya superan las 2.300 en ascenso lo que queda expuesto por ejemplo: se debe dar por Ley instrucciones de procedimiento en un plazo de 24 horas pero puede demorar inclusive 6 días denotado en las causas de VIF (violencia intrafamiliar), y así también las denuncias de un delito sea por la misma víctima o por terceros esperan una citación para el día siguiente lo que no sucede pues las citaciones llegan para 45 días después y esto se logra por el exhaustivo trabajo que realizan los fiscales pero que genera una “sobrecarga” en todo el sistema y no permite una optima revisión de las causas y por tanto es más susceptible a errores y falta del sentido de hacer justicia oportuna para víctimas y acusados. De esta manera la fiscal Erika Maria encargada de los casos de VIF de la fiscalía sur reconoce que no pueden construir un caso como corresponde ya que solo pueden dedicarles entre 20 y 30 minutos, lo que nos permite plantearnos la interrogante en cuanto a la veracidad de la  seguridad jurídica. Es necesario por tanto, la búsqueda de un mejoramiento en ámbitos formales como materiales, ya que hoy en día el recurso humano es de un fiscal adjunto acompañado por un tercio de abogado (un abogado para tres fiscales) y un asistente administrativo, cuando el equipo de trabajo debería ser un fiscal adjunto, un abogado y dos funcionarios administrativos o técnicos, ello por la desproporción del número de causas por equipo de trabajo ya que las optimas serían 1.250 y hoy la cifra va en 2.304, por tanto la desproporción entre causas proyectadas en el diseño de la reforma procesal penal que serían 800.000 es notable en relación a las trabajadas actualmente ascendientes a 1.300.000. Es por este reflejo que el fiscal nacional Sabas Chahuán afirma que los fiscales están en su máxima curva de rendimiento esto debido a que los márgenes del sistema en su génesis no contemplaban leyes adicionales como la Ley de violencia intrafamiliar o la de responsabilidad penal Adolescente las que demandan mayor trabajo, siendo imprescindible un fortalecimiento al Ministerio Público en cuanto a dotación de 1.003 personas de las que 166 serán fiscales lo que implicaría un presupuesto permanente adicional de 30 mil millones de pesos anuales, lo que además mejoraría cualitativa y cuantitativamente la persecución penal, la creación de una fiscalía supraterritorial de Alta Complejidad, acompañando unidades de análisis criminal contra los mercados delictivos, el control de las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento, un centro de contacto y mejor atención a las víctimas; por esto el fiscal nacional pide agilidad en la tramitación del proyecto de ley que el ejecutivo se comprometió a enviar al Congreso Nacional.

Puedo concluir manifestando la clara importancia que las fiscalías tienen en nuestro sistema de justicia ya sea el organismo y todos sus componentes así como las limitaciones de la realización personal a los que se ven afectos por tratar de abarcar en mayor medida las necesidades  de la población.

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