Aproximación a la independencia e imparcialidad del Juez Constitucional

TC

Autor: Manuel Yáñez.

2 de Noviembre de 2011.


¿Quién es un Juez Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico? el profesor Nogueira señala que “es aquel que ejerce jurisdicción constitucional en los ámbitos de la jurisdicción constitucional orgánica, la jurisdicción constitucional de la libertad  y en la jurisdicción constitucional transnacional”[1], esta definición señala los ámbitos del ejercicio de la jurisdicción constitucional que ejerce el Juez constitucional, pero excede el caso chileno, el cual no ejerce la jurisdicción constitucional trasnacional, además faltan agregar otros elementos. Al respecto el profesor Colombo define el juez constitucional como “la persona natural que se desempeña como juez de un Tribunal Constitucional. Debe ser plenamente independiente e inamovible”[2]. Complementando los dos conceptos anteriores podemos concluir que en el caso chileno el juez constitucional es aquella persona natural que se desempeña como juez de un Tribunal Constitucional, quien ejerce la jurisdicción constitucional en los ámbitos orgánicos y de la libertad, con plena independencia e imparcialidad, con la finalidad de asegurar la supremacía de la Constitución en el Estado Constitucional Democrático. En tal perspectiva la labor del juez constitucional es concretar aquellos valores, principio y reglas sobre los cuales reposa los cimientos de la convivencia política, quien interpreta lo que la sociedad política no vota, pues lo ha sustraído de las vicisitudes políticas[3] de forma previa por el bien de la misma sociedad. En definitiva es quien a través de su interpretación resuelve los conflictos suscitados sobre aquello que la sociedad determina zanjado, pero que aún así requiere concreción con tal de asegurar la supremacía de la carta fundamental.

En tal perspectiva, El Ministro[4] ejerce su jurisdicción en el Tribunal Constitucional al cual podemos definir como lo hace  Favoreu en un sentido formal “un Tribunal Constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes públicos”[5]. Por otra parte Ferrer Mac-Gregor en un enfoque material entiende por “Tribunal Constitucional al órgano jurisdiccional de mayor jerarquía que posee la función esencial o exclusiva de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental”[6]. Ambas definiciones constituyen en suma el concepto de Tribunal Constitucional, tanto en su enfoque formal como material.

Ya centrando específicamente el objeto de este trabajo y siendo aclaradas cuestiones conceptuales necesarias para el entendimiento general de este estudio, podemos señalar que la doctrina afirma generalizadamente que el Juez que conoce de un conflicto de cualquier especie, debe ser objetivamente independiente y subjetivamente imparcial[7], la primera relacionada con la potestad jurisdiccional, mientras la segunda vinculada al ejercicio concreto de la función judicial. Siendo la relación entre imparcialidad-subjetividad e independencia-objetividad, relaciones atingentes al nivel de abstracción, donde la imparcialidad no es una característica abstracta de los jueces, haciendo referencia concreta a cada caso que se somete a su decisión[8]. Mientras la objetividad respecto de la independencia es debido a que es posible abstraerse de cada caso concreto, donde como señalábamos anteriormente, depende de la potestad jurisdiccional y no del caso concreto sometido a conocimiento del Juez. Ambos elementos interrelacionados, donde la inexistencia de la independencia indefectiblemente imposibilita en los hechos la existencia de imparcialidad en el juzgador constitucional, recordando que su finalidad es asegurar la supremacía de la Constitución.

Respecto de la independencia y la imparcialidad como atributos del Derecho al debido proceso[9] y como modo de ilustración de lo anteriormente mencionado, creo pertinente citar el considerando N° 10 de la sentencia del mismo TC, Rol 47/1987 que hace alusión al mismo Juez Constitucional:

“10) Que este Tribunal está de acuerdo en “que todo juzgamiento debe emanar de un órgano objetivamente independiente y subjetivamente imparcial, elementos esenciales del debido proceso que consagra toda la doctrina procesal contemporánea.” Es más, a juicio de este Tribunal, la independencia e imparcialidad del juez no sólo son componentes de todo proceso justo y racional, sino, además, son elementos consustanciales al concepto mismo de tal.”

La importancia de analizar la independencia y la imparcialidad en el juez constitucional radica, en que las decisiones de estos, son siempre jurídicas y políticas. Entendiendo que el actuar del Tribunal Constitucional es jurisdiccional en esencia y no la de un legislador negativo, ya que resuelve conflictos a través de un debido y justo proceso, ya que como señala Colombo “cada vez que un tribunal resuelve un conflicto con efecto de cosa juzgada está ejerciendo jurisdicción”[10].

Respecto al carácter político de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, Bachof, señala que el carácter político de un acto “no excluye un conocimiento jurídico del mismo, ni el resultado político de dicho conocimiento le despoja de su carácter de jurídico”[11]. En tal perspectiva es claro el hecho de  la compleja realidad de la cual conocen los Ministros del Tribunal Constitucional, señalando Zagrebelsky  “la aparente paradoja de que la función de la Corte es política, pero no pertenece a la política”[12].

Lo anterior sucede, debido a que la Constitución es el estatuto del poder y de los derechos fundamentales, donde se regula de una vez y para siempre lo que la sociedad política considera como básico para su convivencia, siendo una norma jurídica y política. Dado ello es el Juez Constitucional quien protege la Constitución, quien aplica, interpreta y concreta los valores que ella contiene. Entonces es el Juez Constitucional quien en una relación de coordinación y deferencia, resuelve en caso de conflicto, la distribución vertical y horizontal del poder, y hace prevalecer los derechos fundamentales vulnerados frente al resto de los poderes del Estado y órganos públicos. Por ello la Constitución se sitúa (debe situarse) por encima de la batalla política cotidiana[13].

Es por lo anteriormente señalado, lo esencial de la independencia y la imparcialidad en el Juez Constitucional. Debido esencialmente a ser el llamado a resolver los conflictos suscitados en la estructura del poder, y defender los derechos fundamentales de la intervención del Estado. En fin ser quien concreta la carta fundamental.


[1] Nogueira, H. (2004). La independencia y responsabilidad del juez constitucional en el derecho constitucional comparado. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, (1), 61-91.

[2] Colombo, J. (2002). Funciones del Derecho Procesal Constitucional. Ius et Praxis, 8, (2).

[3] Zagrebelsky, G. (2006). ¿Qué es ser juez constitucional?. Chia, 20, (15), 155-171.

[4] Ministro es el tratamiento que recibe un miembro del Tribunal Constitucional en virtud del Art. 2 Inc. 2° de la LOCTC. En tal perspectiva el Juez Constitucional chileno recibe el tratamiento de Ministro en la legislación nacional.

[5] Nogueira, H. op. cit., p. 61-91.

[6] Nogueira, H. op. cit., p. 61-91.

[7] Nogueira, H. (2010). Derechos fundamentales y sus garantías, (2), (2), Santiago: editorial Librotecnia.

[8] Romero, A. (2009). Curso de derecho procesal civil, (1), (2), Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

[9] El debido proceso es esencial en materias de carácter constitucional (“Debido proceso constitucional”), produciendo como resultado natural la aplicación imperativa del principio de la supremacía constitucional, garantizando así su eficacia real, tal como lo señala Colombo.

Colombo, J. (2004). Justicia Constitucional en Chile. Tribunal Constitucional. Venecia.

[10] Nogueira, H. op. cit., p. 61-91.

[11] Nogueira, H. op. cit., p. 61-91.

[12] Carbonell, M. (2008). Gustavo Zagrebelsky, Juez Constitucional. Estudios Constitucionales, 6, (2), 561-565.

[13] Carbonell, M. op. cit., p. 561-565.

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