Anteproyecto de Código Penal. Síntesis de otra reforma pendiente.

En una columna publicada por la columnista permanente Soledad Avilez, escrita el año pasado, se refirió al tema de lo viejo de nuestro querido (y obsoleto) Código Penal, aduciendo en su columna los atrasos que tiene en diversas materias, que en la actualidad son de fundamental importancia.

El 18 de diciembre de 2005 se entrego al Presidente de la época, Ricardo Lagos un anteproyecto de Código Penal, elaborado por la Comisión Foro Penal, designada por el Ministerio de Justicia e integrada por connotados académicos nacionales, la cual debatió este texto desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 10 de noviembre de 2005. Las observaciones que se le pueden hacer a él son bastante “esperanzadoras”, si se trata de buscar una solución a la problemática del actual “efecto parche sobre parche” y la creación de figuras penales poco viables, influenciadas por la opinión periodística y llevada a cabo por los congresistas de nuestro país, obviamente mal instruidos en la materia.

Vamos al grano. Este anteproyecto en el Art. 1 sigue tomando la costumbre de definir delito, y lo sigue describiendo como: “Sólo son delitos las conductas dolosas o imprudentes descritas y penadas en la ley…”, practica ya abandonada por Códigos Penales insignes, como el Código Penal Español de 1995 y el Código Penal Alemán de 1871 (vigente aún y además este último coetáneo al nuestro).

A lo que en la actualidad seguimos denominando cuasidelito (figura solo aplicable a las personas), el anteproyecto lo cambia a conducta imprudente (“Las conductas imprudentes sólo son punibles cuando la ley lo disponga especialmente”. Art. 1 inc. 2°), variante en sí de más amplio espectro, ya que no solo es aplicable a las personas (Art. 89), sino que también se aplica a otras figuras tales como los delitos medioambientales (Art. 168, 177 inc. 2°, 188, 189), delitos contra la salud pública (Art. 192 inc. 2°) y en los delitos económicos (Art. 306).

Otro avance es la eliminación de las faltas como elemento menor de penalidad. (“Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes y simples delitos y se califican de tales según la pena que les está asignada…” Art. 2 inc. 2°). Como bien sabemos, la clasificación tripartita actual, corresponde a la tradición hispana del siglo XIX vigente a la época de dictación del Código Penal actual. A esta clasificación se le critica su artificialidad, ya que atiende a criterios de gravedad de pena y no a la gravedad intrínseca del hecho o al los bienes jurídicos atacados.

Un cambio destacable que se aprecia es lo del Art. 9 del anteproyecto. En la actual numeración del Art. 14 solo son responsables criminalmente los autores, los cómplices y los encubridores, la nueva numeración del Art. 9 del anteproyecto considera como responsables al autor, al inductor y al cómplice. La inducción de ser en la actualidad una forma de autoría pasa a ser un elemento autónomo de responsabilidad (Son inductores los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior (Art. 10), instigan a otro a cometer un delito determinado. Art. 11). Y una pregunta que se harán muchos de ustedes al leer esta columna ¿Qué pasa con los encubridores? ¿Los dejaron de lado? No, ¡el encubrimiento en el anteproyecto está considerado como una forma delictiva! Así es, en el Art. 277 se tipifica esta figura, pero en el inciso 2° aparece una excusa legal absolutoria, tratando de prever, de la misma forma como esta también descrito en el Art. 489 del Código Penal, la evitación de un proceso penal unido por vínculos familiares y también por otra parte, toma en cuenta el hecho de que la administración de los bienes, en ciertos casos, no puede estar en la vida corriente claramente definida entre el cónyuge y los parientes a la hora de tomar decisiones. En materia doctrinaria se discute la existencia del encubrimiento de parientes, que es lo que trata este inciso, ya que para algunos es una causal de exculpación, ya que ocurre con posterioridad a la comisión del delito y tiene autonomía propia. (“Estarán exentos de pena el cónyuge, el conviviente y los parientes del responsable del delito por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, salvo que lo cometan para que el delincuente se aproveche de lo obtenido por el delito”. Art. 227 inc. 2°).

En materia de penalidad se deja de lado la clasificación lata que tiene el Código Penal y se reduce a que las penas de crímenes sean sancionadas con pena de reclusión (en cualquiera de sus grados. La graduación se mantiene tal cual como en la actualidad). Los simples delitos son sancionados con reclusión menor, nocturna y de fin de semana e inhabilidades absolutas y especiales, siendo destacable la inhabilitación para celebrar actos y contratos con la Administración del Estado. Existen penas sustitutivas a las anteriores que son la observación por la autoridad y la libertad vigilada. Y como penas comunes a las anteriores se mantienen la multa y el comiso de los efectos o instrumentos del delito.

Ya entrando en tierra derecha sobre la parte espacial, el anteproyecto muestra lo más destacable que posee, (y que a su vez se agradece) que es la exposición ordenada y bien clasificada de los delitos por bien jurídico tutelado, dejando atrás los desordenas del Código Penal (un ejemplo a la vista, el aborto ¿es un delito que atenta contra el orden de las familias, la moralidad pública? Claramente que no). El Título I del Libro II de el anteproyecto se refiere al homicidio y las lesiones, ya que como manifiesta la comisión redactora: “Ubicar los delitos de homicidio y lesiones en el primer Título del Código, asumiendo que es la vida y la salud son dos de los bienes jurídicos que en la actualidad pueden estimarse de los más valiosos, si no los que más, como parece reflejarse en la sistemática de las obras de nuestros autores…”

Una figura que en si es discutida por la doctrina aparece en este anteproyecto, el homicidio por motivos piadosos (“El que por motivos piadosos mate a otro que lo ha solicitado expresa e inequívocamente…” Art. 83). En esta situación, asumiríamos la postura de otras legislaciones donde se permite esta figura denominada eutanasia que consiste en apresurar el proceso de muerte de quien padece una enfermedad incurable, mediante la aplicación u omisión de un tratamiento médico, con el fin de ahorrar una muerte dolorosa al paciente que reclama “una muerte digna y sin sufrimiento”.

En el delito de aborto, lo que se tutela en este texto según la comisión, “En el orden sistemático, como se señala en Politoff/Matus/Ramírez, “hay acuerdo entre nosotros en que el bien jurídico protegido en las figuras del aborto, es la vida del que está por nacer, esto es, la vida humana dependiente, que se sitúa en un continuo previo a la protección que a la vida humana independiente dispensa el Código a través de las distintas formas de homicidios punibles. Por lo mismo, resulta ahora extraña la ubicación que en la geografía del Código le dio la Comisión Redactora –apartándose con ello del modelo español–, a esta clase de delitos, situándolos en sus arts. 342 y sigts., entre las figuras relativas al orden de las familias y la moralidad pública”. En el texto, se propone un Título y párrafo independiente para los delitos de aborto, que no prejuzgue la complicada discusión filosófica y política involucrada en la distinción entre la vida del que está por nacer y la del ser humano “puesto en el mundo”.

En cuanto a los delitos relativos a la manipulación genética o de tercera generación, en el derecho comparado éstos que se contemplan, por ejemplo, en el Código Penal Español de 1995. Sin embargo, es evidente también que entre nosotros esta materia la regulación es deficiente, seguramente por la aparente carencia de medios técnicos para actuar a nivel genético. Sin embargo, en voz de la comisión: “creemos necesaria una regulación que permita prever esta clase de delitos en el futuro”.

A falta, por tanto, de mejores experiencias, y estimando que deben tener un reconocimiento siquiera simbólico los bienes personales y colectivos en juego, particularmente la identidad genética y el derecho a la individualidad, por una parte, y la inalterabilidad del patrimonio genético de la especie e incluso la necesidad de protección de la supervivencia de la especie humana, por otra, se ha adoptado aquí un texto basado en los artículos 157 a 161 del Código Español vigente, con las alteraciones de redacción y penalidad que han parecido conciliables con el estilo y la proporcionalidad de las descripciones y penas de este proyecto.

Se propone castigar así, utilizando la técnica de los delitos de resultado cortado, la alteración del genotipo, la clonación y la fecundación artificial no consentida. La técnica empleada se justifica para posibilitar el castigo anticipado de conductas cuya materialización puede llevar a enormes paradojas, principiando por el establecimiento del status del ser alterado genéticamente, clonado o creado para un fin distinto de la fecundación artificial. Naturalmente, se utilizan expresiones cuyo sentido es aprehensible por la comunidad y permita comprender las expresiones técnicas aplicables ahora y en el futuro. He sintetizado en esta columna estas tres formas de criminalidad, considerándolas como los bienes jurídicos de mayor relevancia y que merecen mayor protección.

Ahora para finalizar, el anteproyecto en la actualidad no se sabe de su existencia. Lo que muchos penalistas presienten es que le echaron “un camión de tierra encima”. El discurso a plantear por ahora es que este texto tome fuerza en la palestra legislativa, que en la realidad no sucederá, si somos drásticos, ya que el síndrome que existe en el congreso, lamentablemente es el “parche sobre parche” a nuestro querido y añoso Código Penal.

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