¿A qué nos lleva el abolicionismo?

In comento, sostener que todo sistema penal es ineficiente e inequitativo, puede constituir un absurdo.

La crítica radical del sistema penal por parte de los abolicionistas conduce a una reducción drástica de los medios tradicionales de la política criminal, en especial de la privación de libertad.

Plantea que el Estado se apropia del conflicto, lo sustrae de sus protagonistas, adquiriendo un papel de padre o tutor de las personas, debe entonces devolver el conflicto a las partes, que sean estas quienes lo resuelvan y el sistema penal debería abolirse o eliminarse. Es decir, plantea que se vuelva al estado social de justicia propia.

En la visión de los abolicionistas es, sobre todo, una nueva manera de comprender el sistema penal y, por ende, de ejercer influencia sobre él y dentro de él. Según ellos, el abolicionismo no implica que, de una plumada, todas las cárceles se cierren y la legislación penal se envía al museo de antigüedades.

Lo que se propone es romper el universo cerrado del Derecho Penal. Los abolicionistas sostienen que las situaciones-problemas, a las que el Derecho Penal da el nombre común de delitos, deben recobrar cada una su propio carácter. La aplicación de lo que se denomina “la pena como estilo de control social”, concebida como una suerte de panacea, desconoce el carácter propio de cada conflicto (por ello se sostiene que el sistema penal roba el conflicto a los directamente afectados). El Derecho Penal utiliza los conceptos de culpabilidad y castigo, que pertenecen al mundo de la vida cotidiana y donde hay relaciones cara a cara. El contexto en que trabaja el Derecho Penal es enteramente diferente: pertenece al mundo del sistema, esto es, a un mundo en que imperan la impersonalidad y la burocratización (ocuparse del caso no es ocuparse de lo que pasó en la realidad de la vida, sino ocuparse de lo que está escrito en el expediente). Todo ello tiene como consecuencia que las operaciones burocráticas del sistema penal (encerrar en las cárceles o amenazar con ello, privar de bienes jurídicos, acarrear el estigma de condenado) tienen lugar bajo la protección de un marco de referencia compuesto de palabras legitimadoras, tomadas del mundo de la vida.

Las ideas abolicionistas han sido descalificadas por muchos como una nueva utopía, debido a que extraer la problemática penal del Estado y otorgársela a los particulares, obviamente traerá como consecuencia grave el retorno a sistemas penales de venganza privada, donde ¿a qué nos lleva? al caos total, en palabras más coloquiales “ojo por ojo, diente por diente”. Convenimos, sin embargo, en que no es preciso estar de acuerdo con todas las formulaciones del abolicionismo ni suscribir, sin reservas, todos sus objetivos de política criminal, para reconocer que se trata de un paradigma extremadamente fructífero para abordar problemas y soluciones fuera del campo de mira tradicional. Sin embargo, las ideas de despenalizar y de descriminalizar, de reducir el sufrimiento y la estigmatización inútiles, deben servir de fundamento para retirar competencia al sistema penal sólo en la medida en que la opción que se proponga para afrontar una determinada situación-problema signifique un avance en la protección de la dignidad y de los derechos de la persona. La misión tutelar del Estado de Derecho sobre bienes esenciales de los individuos, particularmente su vida, incolumidad física y libertad, hace necesario el mantenimiento del sistema penal, por razones obvias (no obstante las dudas sobre su eficacia y legitimidad, inherentes a la mala conciencia del buen jurista) para afrontar todos aquellos casos no abordables, por ahora, de otro modo. De esto se sigue que no hay ninguna razón para que el Estado de Derecho desestime otras vías de tutela jurídica que reemplacen a una a menudo innecesaria estigmatización.

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